El fraude de los cursos de formación alcanza al epicentro de la Junta de Andalucía

 LA FISCALÍA DE SEVILLA YA INVESTIGA EL CASO

Esta masiva estafa podría elevarse a más de 2.000 millones de euros, según calcula la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal).  

En 2007 el empresario Ernesto Lefranc denunció por cartas a los entonces consejeros de Empleo, Antonio Fernández, y de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, la existencia de un presunto fraude. Lefranc también notificó el caso a la Unión Europea, sin que las autoridades de Bruselas contestarán.
Fue la UDEF quien remitió un informe a la Fiscalía de Málaga, con fecha 6 de mayo de 2013, en el que se daba cuenta de presuntas irregularidades detectadas en la obtención de subvenciones por parte de determinadas personas físicas y empresas en los planes de promoción de empleo ejecutados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía.
 
La solicitud de imputación también se eleva los funcionarios que otorgaron estas ayudas.
Los hechos, según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso El Confidencial, pueden constituir delitos en el fraude de subvenciones del artículo 308, estafa del artículo 248, falsedad documental de los artículos 390 y siguientes, prevaricación del artículo 404 o de tráfico de influencias del artículo 428, todos ellos del Código Penal.
 Hay denuncias de todo tipo, pero la mayoría son de particulares que no recibieron la formación que se les había prometido o que fueron obligados a renunciar por escrito a un puesto de trabajo. Esta última práctica era habitual en las subvenciones a la formación para el empleo con compromiso de contratación del 60% de los alumnos. Las informaciones sobre la operación Edu han animado a esos perjudicados a denunciar su experiencia en comisaría.
 La operación Edu pretende acabar con ese caos y aglutinar en un solo procedimiento las pesquisas sobre la presunta malversación de fondos públicos durante el periodo 2007-2013, la etapa de aplicación del último programa del Fondo Social Europeo para el Empleo.

CASOS DE FRAUDES de "EL PAÍS"

El testigo clave sostiene que avaló 25 cursos que no se impartieron.

 

 

 

El funcionario Teodoro Montes, principal testigo en la macrocausa sobre los cursos de formación que instruye la juez Mercedes Alaya, ha declarado este jueves que firmó los diplomas de 25 cursos de formación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que previsiblemente no se impartieron entre los años 2009 y 2010. Según ha detallado, esos cursos no estaban inscritos en la herramienta informática en la que se anotaba toda la formación ejecutada llamada Gefoc. En su cuarto día de declaración, Montes ha señalado a la actual delegada de empleo de Sevilla, Aurora Cosano, y a la secretaria provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), María Auxiliadora de Nova, de imponerle, pese a la ausencia de anotación en la herramienta Gefoc, que expidiera los diplomas. Accedió a ello pero aseguró que existía constancia por escrito de su negativa, según han informado fuentes judiciales.
Con respecto a irregularidades en los diplomas, las fuentes han detallado que podría haber más cursos en similar situación por lo que cabría la posibilidad de que este método se utilizara en otras ocasiones desde la Faffe, una entidad, que, según denunció el funcionario en 2013, podría haber gestionado hasta 450 cursos y que además acumula 48,8 millones entre 2009 y 2010 de los que “no consta justificación alguna, a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello”, según informó la Cámara de Cuentas.
Montes se ha convertido en el eje central de la investigación de la juez, pero este miércoles se debilitó su testimonio tras contradecirse en sus principales acusaciones. El funcionario se desdijo de la petición de mordidas desde la patronal andaluza y los vínculos entre el caso ERE y los cursos de formación, y de nuevo, evitó ofrecer pruebas sobre sus acusaciones contra los agentes sociales y la fundación pública de la Junta Faisem, a la que imputó haber maltratado y anestesiado a enfermos mentales.

Por otro lado, los Efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) han comenzado a interrogar a los alumnos y profesores de cursos de formación en Almería.