martes, 4 de noviembre de 2014
OTRA NOTICIA SOBRE FRAUDE DE "EL PAÍS"
El testigo clave pone en jaque las pesquisas de Alaya sobre la formación
La declaración del principal testigo de la macrocausa que la juez Mercedes Alaya abrió sobre los cursos de formación de Andalucía ha puesto en jaque las pesquisas de la magistrada sevillana. El funcionario de la Junta de Andalucía Teodoro Montes sostuvo este viernes, en el quinto día de declaración, que fue en el juzgado de Alaya donde le dijeron que acudiera a la Guardia Civil a denunciar las supuestas irregularidades que conocía sobre los cursos. Esta declaración puede ser capital para resolver si la juez, instructora del fraude de los ERE, es competente para seguir con esta nueva macrocausa.
La magistrada sostiene que la investigación sobre los cursos de formación es una derivada del caso de los ERE, lo que sí le daría competencia para investigar este caso. Sin embargo, el testimonio de Montes pone en duda esta versión. Según declaró este viernes el funcionario, el año pasado, en una fecha sin precisar, acudió al juzgado de Alaya a presentar una denuncia sobre las irregularidades en los cursos de formación tras varios años sin que nadie le hiciera caso.
Montes relató que en el juzgado de Alaya una persona que no precisó le indicó que acudiera a la Guardia Civil, que es el cuerpo que investiga el fraude de los ERE después de que la magistrada desplazara a la policía. Lo normal es que una vez presentada una denuncia esta vaya a reparto, sin que se sepa inicialmente qué juez la va a investigar.
Tras la indicación en el juzgado de Alaya, Montes prestó declaración ante la Guardia Civil el 22 de agosto de 2013 y allí denunció varias de las irregularidades que conocía como responsable del departamento de gestión de formación profesional ocupacional de la Junta de Andalucía. En esa declaración, el funcionario estableció un nexo entre el caso de los ERE y el fraude de los cursos de formación, del que luego se ha desdicho en su declaración judicial de esta semana.
Siete meses después de esta declaración de Montes ante la Guardia Civil, en marzo de 2014, la magistrada sevillana abrió el sumario sobre los cursos de formación. La magistrada afirma en el primer folio de la causa que esta nueva investigación se deriva de la caso de los ERE, pero lo cierto es que el segundo folio ya es la declaración que prestó Teodoro Montes ante la Guardia Civil. Es más, casi todo el inicio de la causa es información incorporada por Montes.
Esta declaración se produce cuándo aún hay dudas sobre quién es el juez natural para investigar el fraude de los cursos de formación en Andalucía. Una docena de juzgados andaluces está investigando irregularidades en los cursos y es previsible que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tenga que resolver finalmente.
Alaya ha reclamado las investigaciones de los otros juzgados y uno de Málaga ya se ha negado a enviarle sus pesquisas. Además, el exconsejero andaluz Ángel Ojeda, imputado por Alaya, ha recurrido a la Audiencia de Cádiz después de que un juzgado de esta provincia se inhibiera en favor de la magistrada sevillana.
La declaración de Montes supone una confesión de que fue en el juzgado de Alaya donde se le señaló qué camino debía seguir para iniciar las pesquisas sobre los cursos de formación y pondría en cuestión los pasos que la juez ha dado para intentar quedarse con esta nueva investigación destinada a remover los cimientos de la Administración autonómica. De hecho, la juez ha calculado que la información que ya ha requerido a la Junta de Andalucía sumará más de dos millones de folios.
En contra de la idea de Alaya de asumir la macrocausa se han situado los fiscales andaluces, que la semana pasada tuvieron una reunión en la que acordaron que eran preferibles investigaciones en los juzgados provinciales para hacerlas más operativas.
El funcionario reconoció este viernes que está imputado por un delito de falsedad por un juzgado de Coria del Río por irregularidades en un curso de formación. Se trata de una investigación en la que se intenta aclarar la implicación de Montes en un curso en el que se falsearon datos de los alumnos y se suplantó la personalidad de algunos. Además, Montes sugirió trato de favor de la titular del juzgado de lo Contencioso-administrativo 6 de Sevilla a la Junta por rechazar el recurso que puso por considerar que la Administración no le había reintegrado en su puesto de trabajo tras una demanda que ganó.
Otra noticia sobre fraude del periodico "El País"
Otra noticia sobre fraude del periodico "El País"
Las reclamaciones por cursos de formación se elevan a 19,3 millones
La Junta de Andalucía ha elevado a 19,3 millones de euros la cantidad que reclama a un total de 640 entidades por cursos de formación sin justificar, según informó este jueves en el Parlamento, a petición de PP e IU, el consejero de Educación, Luciano Alonso. Esta cifra supone casi dos millones más que la última aportada el pasado mes de septiembre, cuando las reclamaciones ascendieron a 17.451.211 euros correspondientes a 581 subvenciones.
Según los datos ofrecidos, ya se ha analizado un 60% de los expedientes: 5.153 de los 8.505 que hay entre servicios centrales y delegaciones provinciales. Las subvenciones analizadas van desde 2007 a 2013, años en los que el Gobierno andaluz presupuestó 2.456 millones para la formación para el empleo.
En un mes, Educación ha analizado 788 expedientes más que se encuentran en la siguiente situación: 547 están en requerimiento de información, estudio o en fase de inicio de reintegro; 59 expedientes ya tienen propuesta de resolución definitiva de reintegro, por un importe de 1.923.812 euros, que tendrán que ser devueltos a las arcas públicas; y 182 se han justificado correctamente y una vez cerrada su tramitación administrativa, se han remitido a la Intervención General para su fiscalización, liquidación y abono.
En esta comparecencia, Alonso dio marcha atrás a su compromiso de hacer público el listado con los nombres de las entidades a las que se les reclama el reintegro. En contra de lo afirmado los pasados días 4 y 10 de septiembre, en sede parlamentaria, este jueves sostuvo que no va a facilitar el nombre de los beneficiarios y el motivo de devolución porque “puede conllevar una vulneración de la normativa de protección datos”. Alonso esgrimió un informe emitido en ese sentido por el gabinete jurídico de la Junta.
La portavoz del PP, Teresa Ruiz Sillero, le reprochó con dureza este cambio de posición y le acusó de “mentir” en el Parlamento. “Esto es una estafa, hoy se desdicen, miente el consejero, miente la presidenta de la Junta y todo el Gobierno andaluz” de coalición, le reprochó.
Aunque en otro tono, el portavoz de Izquierda Unida, Ignacio García, tampoco estuvo de acuerdo con que se silencie el nombre de los beneficiarios de ayudas no justificadas “cuando se habla de transparencia sin parar”. Alonso se reafirmó en su decisión de no publicar los nombres, pero se mostró dispuesto a dar la información a los grupos si estos la reclaman. De este modo, la responsabilidad de hacerla pública recaería en los diputados.
Alonso también dribló la petición de Ruiz Sillero para que diera a conocer el expediente de las ayudas recibidas por el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, imputado por recibir 33,3 millones de ayudas públicas. Dijo que esos expedientes estaban en manos de la juez Mercedes Alaya.
Las resistencias a hacer visible estos datos vienen también del lado de la Confederación de Empresarios de Andalucía que en una carta de su presidente, Javier González de Lara, pide expresamente que no se den para “evitar un daño mayor” ya que las resoluciones definitivas de reintegro “están sujetas a posibles recursos por parte de terceros”.
Alonso informó de que desde el pasado miércoles se han incorporado un interventor “específico” y seis técnicos dedicados en exclusiva a la fiscalización de los expedientes de formación, todos ellos dependientes de la Intervención General. En la revisión están participando 288 personas adscritas a los servicios provinciales y otras 64 que trabajan en los servicios centrales y que fueron contratadas para este fin.
Alonso reiteró que hasta el momento hay un total de 2.550 entidades públicas y privadas a las que se les ha concedido fondos sin que aún hayan justificado el dinero público recibido anteriormente. Es lo que se llama “exceptuación”, lo que no implica que “estén exentas de justificación”, dijo. Ante las afirmaciones de los diputados de que se han beneficiado a entidades del PSOE, el responsable de Educación detalló que hay 615 exceptuaciones de entidades locales gobernadas por todos los partidos. De ellas, 289 son del PSOE; 176, del PP; 39 de Izquierda Unida; y 111 de otras formaciones.
La Junta se ha personado en cinco procedimientos judiciales más como parte afectada por el presunto fraude, por lo que ya lo ha hecho en 11 casos.
Las reclamaciones por cursos de formación se elevan a 19,3 millones
La Junta de Andalucía ha elevado a 19,3 millones de euros la cantidad que reclama a un total de 640 entidades por cursos de formación sin justificar, según informó este jueves en el Parlamento, a petición de PP e IU, el consejero de Educación, Luciano Alonso. Esta cifra supone casi dos millones más que la última aportada el pasado mes de septiembre, cuando las reclamaciones ascendieron a 17.451.211 euros correspondientes a 581 subvenciones.
Según los datos ofrecidos, ya se ha analizado un 60% de los expedientes: 5.153 de los 8.505 que hay entre servicios centrales y delegaciones provinciales. Las subvenciones analizadas van desde 2007 a 2013, años en los que el Gobierno andaluz presupuestó 2.456 millones para la formación para el empleo.
En un mes, Educación ha analizado 788 expedientes más que se encuentran en la siguiente situación: 547 están en requerimiento de información, estudio o en fase de inicio de reintegro; 59 expedientes ya tienen propuesta de resolución definitiva de reintegro, por un importe de 1.923.812 euros, que tendrán que ser devueltos a las arcas públicas; y 182 se han justificado correctamente y una vez cerrada su tramitación administrativa, se han remitido a la Intervención General para su fiscalización, liquidación y abono.
En esta comparecencia, Alonso dio marcha atrás a su compromiso de hacer público el listado con los nombres de las entidades a las que se les reclama el reintegro. En contra de lo afirmado los pasados días 4 y 10 de septiembre, en sede parlamentaria, este jueves sostuvo que no va a facilitar el nombre de los beneficiarios y el motivo de devolución porque “puede conllevar una vulneración de la normativa de protección datos”. Alonso esgrimió un informe emitido en ese sentido por el gabinete jurídico de la Junta.
La portavoz del PP, Teresa Ruiz Sillero, le reprochó con dureza este cambio de posición y le acusó de “mentir” en el Parlamento. “Esto es una estafa, hoy se desdicen, miente el consejero, miente la presidenta de la Junta y todo el Gobierno andaluz” de coalición, le reprochó.
Aunque en otro tono, el portavoz de Izquierda Unida, Ignacio García, tampoco estuvo de acuerdo con que se silencie el nombre de los beneficiarios de ayudas no justificadas “cuando se habla de transparencia sin parar”. Alonso se reafirmó en su decisión de no publicar los nombres, pero se mostró dispuesto a dar la información a los grupos si estos la reclaman. De este modo, la responsabilidad de hacerla pública recaería en los diputados.
Alonso también dribló la petición de Ruiz Sillero para que diera a conocer el expediente de las ayudas recibidas por el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, imputado por recibir 33,3 millones de ayudas públicas. Dijo que esos expedientes estaban en manos de la juez Mercedes Alaya.
Las resistencias a hacer visible estos datos vienen también del lado de la Confederación de Empresarios de Andalucía que en una carta de su presidente, Javier González de Lara, pide expresamente que no se den para “evitar un daño mayor” ya que las resoluciones definitivas de reintegro “están sujetas a posibles recursos por parte de terceros”.
Alonso informó de que desde el pasado miércoles se han incorporado un interventor “específico” y seis técnicos dedicados en exclusiva a la fiscalización de los expedientes de formación, todos ellos dependientes de la Intervención General. En la revisión están participando 288 personas adscritas a los servicios provinciales y otras 64 que trabajan en los servicios centrales y que fueron contratadas para este fin.
Alonso reiteró que hasta el momento hay un total de 2.550 entidades públicas y privadas a las que se les ha concedido fondos sin que aún hayan justificado el dinero público recibido anteriormente. Es lo que se llama “exceptuación”, lo que no implica que “estén exentas de justificación”, dijo. Ante las afirmaciones de los diputados de que se han beneficiado a entidades del PSOE, el responsable de Educación detalló que hay 615 exceptuaciones de entidades locales gobernadas por todos los partidos. De ellas, 289 son del PSOE; 176, del PP; 39 de Izquierda Unida; y 111 de otras formaciones.
La Junta se ha personado en cinco procedimientos judiciales más como parte afectada por el presunto fraude, por lo que ya lo ha hecho en 11 casos.
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